#CiudadaniaActiva
Luego del escándalo por corrupción asociado a la Presidenta de la empresa pública PDVSA Gas Comunal y la facturación irregular de cargas a Nevado Gas, el pasado 19 de febrero, en reunión celebrada en el Centro de Convenciones Mucumbarila de la ciudad de Mérida, el denominado Estado Mayor del Gas anuncia las nuevas tarifas o costos de distribución del gas doméstico tanto para empresas públicas como privadas.
A partir de ese momento comenzó nuevamente el viacrucis que sufrimos los habitantes de conjuntos residenciales y comunidades urbanas de Mérida, cuyo despacho del servicio había sido prometido para mediados del mes de febrero y ya llevamos 1 mes sin gas en nuestras viviendas, a esto se le suma la grave crisis energética que vive el Estado lo que lleva a innumerables familias a preparar comida en cocinas eléctricas apenas una vez al día y muchas otras hacen uso de improvisados fogones de leña en ventanas o balcones de apartamentos.
Luego de que en 2020 se sinceraron los costos de distribución y se estableciera una tarifa plana por litro de gas licuado, con el valor referencial de la divisa norteamericana, por casi 5 meses las empresas privadas pudieron atender a su clientela sin inconvenientes, pero hoy día, la autorización de despacho en plantas de llenado no alcanza el 30% por empresa, se les prohibió recibir moneda extranjera así como apoyarse entre ellas para la distribución de gas a comunidades que no formen parte de su clientela.
La presencia de directivos de empresas privadas en las comunidades para tratar de explicar, en asambleas de vecinos, lo que vendrá nuevamente, es curiosamente “acompañada” por concejales afectos al partido de gobierno, por los denominados jefes de comunidad de los Clap y otro sin número de personeros políticos, parece estarse cuidando demasiado las formas y lo que desean informar.
La realidad es que los únicos afectados somos los ciudadanos, porque la historia ha demostrado que la intervención del Estado en el proceso dinámico de las economías de mercado y la libre competencia, genera mercados negros, corrupción y escasez.
El Estado venezolano con la implementación de estas políticas de control social, sigue violando de manera sistemática y generalizada nuestros derechos fundamentales, sumiéndonos cada día más, en una profunda crisis humanitaria que reduce a niveles de pobreza extrema la calidad de vida de todos los venezolanos
