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Situación vulnerable de los pueblos y comunidades indígenas

#CiudadaníaActiva

Hablar sobre la salud en Venezuela en los actuales momentos resulta una tarea sumamente compleja, pues la salud como derecho humano fundamental no solo implica el derecho a la vida, significa además el derecho a tener una calidad de vida plena, donde niños jóvenes, adultos y ancianos puedan vivir las distintas etapas de su desarrollo, contando con un sistema que atienda eficientemente sus necesidades , que brinde atención adecuada sin distingo de creencias, genero, raza, etnia, edad, clase social, etc. Es decir, un sistema sin discriminación, con principios y valores éticos que reflejen la importancia que tiene la salud como derecho primordial en el ser humano.

Algunas enfermedades se han presentado con fuerza, en los estados del sur del país, como Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, siendo específicamente preocupante su incidencia en las etnias indígenas que habitan en estos estados. Así mismo, otros problemas de salud como la desnutrición infantil, la mortalidad de niños a causa de ésta última, las enfermedades diarréicas, la creciente contaminación ambiental en estos territorios, son aspectos que no solo colocan en riesgo la vida de los habitantes de los pueblos indígenas, además amenazan la vida de etnias que son parte fundamental de nuestra historia y patrimonio cultural, sin dejar de mencionar que la presencia de estas enfermedades y otros problemas relacionados con la salud, son la consecuencia de un deterioro profundo de la calidad de vida y de un conjunto de políticas públicas erradas, diametralmente contrarias a los principios y valores que deben orientar a la salud como derecho humano fundamental.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, otorga con rango constitucional, el derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas, garantizando con esto el carácter universal, es decir, todos tienen el derecho de acceso y disfrute de condiciones de vida saludable, sin discriminación de ninguna naturaleza. El derecho a la salud de los pueblos indígenas, como una forma de no discriminación, donde incluye todos los aspectos físicos, mentales y espirituales de las personas, reconociendo la diversidad cultural y sus aplicaciones en materia de salud.

A continuación a raíz de los resultados del último estudio sobre las condiciones de salud de las comunidades indígenas de estos estados:

En relación a las condiciones en que se encuentran los servicios de salud, un 42,9% de los centros de salud se encuentran en malas condiciones, con un 33,3% en condiciones regulares, 3 de cada 4 servicios de salud pública,  la inmensa mayoría de los centros de salud no cuenta con los insumos médicos para una atención eficiente (95%), mientras que el otro 5% se reporta que tienen pocos insumos. En cuantos, a la disponibilidad de médicos en los centros de salud, se puede observar que el 45,5% de los centros de salud no tienen médicos, en el 22,7% tiene solo personal de salud no médico, casi 7 de cada 10 comunidades indígenas no cuenta con personal médico. Las comunidades que no cuentan con servicios de salud y los pobladores tienen que viajar por horas o días hasta llegar a un sitio donde se encuentre un centro de atención que les pueda prestar atención en salud.

Las enfermedades más comunes entre nuestros pueblos y comunidades indígenas son las infecciones respiratorias y la malaria, que además tienen un significativo repunte en el periodo lluvioso, y la malaria, tiene especial incidencia en comunidades indígenas donde confluye la minería ilegal.

Hay una falta de implementación de planes de fumigación. Se ha solicitado por parte de las comunidades indígenas a la dirección regional de salud, se efectúen fumigaciones, por el alto índice de afectados por el dengue y el paludismo y les han dicho que no pueden salir a realizar dichos operativos, por falta de combustible, y por no contar con suficientes vehículos para el traslado a las comunidades. Algunos funcionarios han pedido entre diez y veinte litros de combustible para trasladarse a las comunidades.

 Ahora con la pandemia de coronavirus, habitantes expresan “Nos sentimos presos en nuestro propio territorio, no nos dejan transitar normalmente a visitar a nuestros familiares en otras comunidades”.

La bioseguridad funciona poco en algunas comunidades indígenas, lo poco que tratan de hacer algunos galenos conscientes donde hay ambulatorios es poco y con muchos sacrificios a duras penas. 

  DESERCIÓN ESCOLAR:

La ausencia de maestros y autoridades acaban con las posibilidades de los niños y adolescentes escolares de asistir a las escuelas en las comunidades indígenas. Por ejemplo La situación de los niños y adolescentes que asisten a la escuela en el eje carretero sur es crítica, por la subida intempestiva de las tarifas de los transportes públicos y privados que prestan el servicio, esta aunado a la escasez de efectivo para el pago y escasez de combustibles para los vehículos. Con la crisis económica se ha incrementado también la deserción igualmente en los docentes, quienes han emigrado a otros países o se han trasladado a las minas ilegales del interior del estado.

ECONOMÍA:

Los pueblos indígenas hacen un gran esfuerzo para venir a centros urbanos desde las comunidades de los municipios del interior del estado viajando hasta varios días, para encontrarse muchas veces que no hay efectivo en los bancos, los maestros, profesores afectando especialmente a los ancianos indígenas que vienen a cobrar la pensión del seguro social, entre otros.

El Bolívar en las comunidades indígenas esta eliminado de facto, se comercia en monedas estadounidense (dólar), brasileros (reais) y en gramos de oro. Se efectuaron varias protestas con trancas de vías de la troncal – 10, parroquia San Isidro del Municipio Sifontes, así como también del municipio Gran Sabana;  especialmente las personas que hacen vida en las comunidades indígenas de municipio Sifontes del estado Bolívar, principal vía terrestre hacia los demás comunidades de la troncal del municipio Gran Sabana del Estado Bolívar, quienes transitan las vías terrestres, transportando bienes y personas.

El Arco Minero del Orinoco comprende casi ciento doce mil kilómetros cuadrados y se extiende mayoritariamente al norte del estado Bolívar, aunque también toca partes de Amazonas y Delta Amacuro. Lo atraviesan selvas como Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto abarcan más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. Y las represas hidroeléctricas del Caroní, que generan la mayoría de la electricidad consumida en Venezuela, se ubican dentro de esta zona. Estas fuentes vegetales y de agua dulce, que proveen mecanismos de regulación ambiental y de generación de energía, podrían verse gravemente sofocadas por un proyecto tan extenso de minería. Por eso, entre otras razones, en los seis meses que especifica el Decreto en su Artículo 10 para planificar la nueva minería que habrá de ejecutarse, las reacciones negativas al proyecto han sido preponderantes, aunque no del todo ruidosas.

En las comunidades indígenas estudiadas por lo general no se realiza tratamiento a sus aguas de consumo. Se registra la presencia de animales y de vertederos de basura y de aguas servidas cerca de las fuentes de agua; si a esto le agregamos el alto riesgo de contaminación mercurial de las fuentes de agua arriba de las comunidades provocada por la minería ilegal, el riesgo de enfermedad en estas comunidades estará siempre presente en estas comunidades indígenas.

La proliferación acelerada de la explotación de materiales auríferas lleva a destrucción y contaminación de los ríos, tales, como: Kuyuni, Yuruan, Chicanan, Yuruari y Venamo. Amenazando a todas las comunidades indígenas que siempre han estado asentadas y albergadas a la ribera de estos importantes ríos consumidos en sus momentos de pureza y de un ambiente sano.   

El comportamiento de la mortalidad infantil y materna constituyen una evidencia de falta de garantía en el derecho a la salud y la vida, lo que se sustenta en que, desde el punto de vista epidemiológico, la gran mayoría de esas muertes son prevenibles con condiciones de vida favorables y un sistema de salud adecuado a las realidades locales de los pueblos y comunidades indígenas. En efecto, entre las enfermedades que proporcionalmente más contribuyen a la mortalidad infantil se cuentan las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, el paludismo, el sarampión y la malnutrición, todas ellas posibles de enfrentar con intervenciones seguras y eficaces.

La diarrea infantil, está asociada a la escasez de agua, saneamientos inadecuados, aguas contaminadas con agentes patógenos de enfermedades infecciosas y falta de higiene.  Este es el escenario donde se encuentran la población menor de cinco años de las comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.

INCURSIÓN DE GRUPOS ARMADOS EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES:

 Hay  invasión, por parte de grupos armados de origen extranjero  y anexos, en los hábitats de los pueblos y comunidades indígenas “los niños, los jóvenes  y algunos adultos temen por sus vidas no quieren salir a hacer las actividades tradicionales, pescar, cazar y de realizar cualquier actividad rutinaria por miedo a que les hagan daño a cualquier miembro de la comunidad”, “quieren meterse a juro”, “las comunidades se sienten acosadas”.

Ahora con la proliferación de la crisis económica se ha agravado la situación de otros estados llevando a emigrar  dentro de los mismos estados de Venezuela; las comunidades indígenas no escapan de esas realidades Se exhorta los órganos competentes a prestar la seguridad y defensa de los territorios indígenas.  Sin embargo, los pueblos y comunidades indígenas no cuentan con ningún tipo de apoyo alguna, es lamentable la situación. Razón por la cual las mismas comunidades están organizadas y tratando de mantener la seguridad comunitaria La relación interinstitucional se ha perdido con las comunidades y sus líderes a nivel local, municipal, regional y en el país.

PRESOS POLÍTICOS:

La situación de los hermanos Pemón de Kumarakapay, privados de libertad violando sus derechos humanos llevando a una crítica situación hasta llegar a la muerte. Por querer hacer valer sus derechos los lideres y demás representantes originarios son perseguidos y amenazados para intimidar, humillar hasta desaparecerlos. Los pueblos y comunidades indígenas Pemón repudian la actitud que viene ejecutando el gobierno de turno hacia y con las comunidades indígenas del estado Bolívar y de Venezuela.    

El legado y el régimen se excepción se ha ignorado en 100% a las comunidades y pueblos indígenas de Venezuela. Incluso las organizaciones indígenas “apolíticas” han llegado a ser el apéndice del narco régimen y de anti indigenistas, quienes solo defienden sus intereses personales.

La Situación de los Ambulatorios de las comunidades indígenas de los Municipios Sifontes y Gran Sabana del estado Bolívar está en una situación crítica, razón la cual se observa que LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD no se está aplicando como un Derecho a la Salud, se vulnera el Artículo 24 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos indígenas. Se cita el Artículo 111. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al uso de su medicina tradicional y de sus prácticas terapéuticas para la protección, el fomento, la prevención y la restitución de su salud integral. Este reconocimiento no limita el derecho de acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los demás servicios y programas del Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social, los cuales deberán prestarse en un plano de igualdad de oportunidades, equidad y calidad de servicio respecto al resto de la población nacional. (LOPCI), CRBV y demás leyes vigentes.

 

*Imagen cortesía de Cambio16

 

 

Activismos

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Red de Activistas ciudadanos por los DDHH promoviendo democratización de los DDHH

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