Por: Karla Ávila Morillo
@LaTuristaKAM
La diputada por el estado Carabobo, María Concepción Mulino de Saavedra expresó ante el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela del gobierno interino de Juan Guaidó y a sus compañeros parlamentarios que el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que la comunicación es libre y plural ya que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de la Constitución; y además, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos tiene como objetivo garantizar el respeto a la libertad de expresión e información sin censura, dentro de los límites propios de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia.
Opinó la diputada: “La página oficial de CONATEL refieren a estos artículos, creo que realmente a manera de burla, de cinismo, en el mejor de los casos de desconexión o pretensión de falseamiento y refieren que los venezolanos tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos y que Venezuela tiene las bases legales que respaldan la libertad de expresión sin censura. Sin embargo los venezolanos, sobre todo los trabajadores de los medios de comunicación social en el país, saben que nuestra realidad desde la llegada del chavismo al poder ha empeorado, sobre todo desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia, ya que ha ocurrido la más escandalosa censura contra medios escritos, radiales, televisivos y portales de noticias, lo cual se ha agravado por la autoimpuesta censura ante el temor al cierre de medios de comunicación o la detención arbitraria que se ha pretendido desde el oficialismo, para generar una disociación y falseamiento de la realidad en un absurdo y hasta imposible afán de ocultar lo que ya es conocido por todos: el caos, corrupción y el que la tiranía ahoga a Venezuela en este Estado fallido”.
Hizo hincapié sobre la realidad de los periodistas y los medios venezolanos que sobreviven a un estado punitivo que usa la Ley RESORTE, la Ley Contra El Odio y las amenazas, para aumentar la presión contra los medios, imponer su censura, multar y hasta prometer condenas de hasta veinte años de prisión.
Sobre algunos hechos recientes, expuso que este sábado 10 de octubre se registraron fuertes bloqueos en contra de medios digitales como Efecto Cocuyo, La Patilla, Qué Pasa En Venezuela. Mientras que el portal de La Gran Aldea recibió ataque cibernético por publicar un artículo relacionado con el ingeniero Haiman El Troudi, quien ha ocupado varios cargos ministeriales durante el gobierno de Maduro. Igualmente, Mulino aseveró que al menos 40 portales sufren la persecución del régimen de Nicolás Maduro.
Cabe destacar que durante los últimos días “Qué pasa en Venezuela” recibió cuatro ciberataques hacia su plataforma web quepasaenvenezuela.org, ya que personas inescrupulosas intentaron bloquear la página pero no lo lograron por completo.
Por lo cual, su directora, Carolina Isava reafirma su compromiso junto a los periodistas que trabajan en este medio, que no defraudarán a sus lectores y continuarán ejerciendo el periodismo sin censura en Venezuela, por lo que pidió comprensión y paciencia.
Agrega la parlamentaria: “A la censura, el cierre y los ataques a los medios de comunicación se suman las amenazas y agresiones directas contra los trabajadores de la prensa, así como los arrestos a periodistas, camarógrafos y productores que cubren las manifestaciones que se dan en distintos puntos del país debido a las fallas en el sistema eléctrico, escasez de agua potable, combustible y todo tipo de deficiencias en todos los servicios”.
Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informaban que para febrero de 2020, se registraron al menos 57 periodistas censurados, detenidos y robados; asimismo para el mes de octubre el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) ha registrado datos alarmantes que ascienden a 769 casos documentados.
En cuanto a situaciones que generan violaciones a la libre expresión, mencionó casos que se repiten a nivel nacional en un patrón de conducta, que según la diputada es ordenada desde el gobierno nacional.
Tal es el caso del efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana que persiguió a la corresponsal del portal digital “Todos Ahora” en el estado Anzoátegui durante la mañana del 8 de octubre luego que diera cobertura a una protesta por combustible. Igualmente el 29 de septiembre, cuando tres trabajadores de la prensa del estado Carabobo fueron detenidos por dos horas mientras ejercían su labor periodística en Puerto Cabello al captar imágenes del buque iraní “Fortune” que supuestamente llegaba a Venezuela cargado de combustible.
También acotó sobre el periodista del “Diario El Informante” de Carora, en el estado Lara, quien denunció que la GNB le reclamó al reportero gráfico del medio digital porque tomó fotografías de la estación de servicio donde se encontraba, esto sucedió el lunes 5 de octubre.
La diputada culminó su intervención diciendo lo siguiente: “No es suficiente con censurar medios y trabajadores sino que el ataque también va dirigido a censurar a los ciudadanos que publican en sus redes personales, siendo que en Venezuela se detienen a personas por lo publicado en sus estados de Whatsapp, esto fue recientemente reseñado por el informe de las Naciones Unidas, indicándose que fueron detenidos varios trabajadores de la salud y usuarios de redes sociales que criticaron la respuesta del gobierno ante la pandemia por Covid19, lo que quedó expresado en el punto 244 del mencionado informe”.
Según los últimos sucesos sobre ataques a las personas y su derecho a expresarse libremente en Venezuela, se intensifican los ataques hacia los medios de comunicación, trabajadores y ciudadanos mediante censura casi absoluta con el fin de ocultar el caos y la corrupción en la cual está sumido el país.
No olvidemos que funcionarios del SEBIN allanaron la casa de David Natera Febres, director del periódico Correo del Caroní y luego de tres horas dentro de su hogar se lo llevaron caprichosamente hasta la sede del organismo ubicado en Vista al Sol en San Félix, estado Bolívar.
Al mismo tiempo que acontecía esta situación al sur del país, también se dieron allanamientos a viviendas de otras tres personas bajo procedimientos similares en diferentes estados de Venezuela como los son Zulia, Yaracuy y el Distrito Capital, todas estas relacionadas con el Consejo Nacional de Defensa Judicial de la República anunciado por Juan Guaidó y del cual forma parte el hijo del doctor Natera, el abogado David José Natera Bilancieri, quien es secretario de dicho Consejo que busca recuperar y proteger activos de la Nación en el exterior.
Por su parte, el Consejo Nacional de Defensa Judicial condenó las flagrantes violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales de sus
miembros y secretario ejecutivo, representados en la integridad personal -psíquica y moral-, a la honra y a la dignidad, a la defensa y al debido proceso, a la propiedad privada y a los derechos, civiles, económicos y políticos.
Este amedrentamiento y atropellos de los cuales los miembros de
este Consejo y su Secretario Ejecutivo han sido objeto por parte del Gobierno de facto de Nicolás Maduro, dejan en evidencia el acoso a las instituciones legalmente constituidas, y en evidencia la manipulación del sistema de justicia y organismos de inteligencia del Estado Venezolano al servicio político de los intereses de un régimen de facto, plena y formalmente reconocido como violador de derechos humanos, incluyendo delitos de lesa humanidad como confirma el reciente informe de la ONU.
Responsabiliza, al régimen de facto de Nicolás Maduro por los daños a la integridad física, psicológica , moral y patrimonial de los miembros de este Consejo Nacional de Defensa Judicial, su Secretario Ejecutivo y familiares cercanos, amigos y vecinos, algunos quienes han sido objeto de detención arbitraria, sin posibilidad de asistencia; así como de la integridad de los bienes muebles e inmuebles inconstitucionalmente allanados, confiscados y hurtados durante acciones arbitrarias desde el pasado 12 de Octubre de 2020.
Por si fuera poco, la tarde de este 14 de octubre funcionarios del Sebin incautaron las herramientas de trabajo y clausuraron las oficinas del medio internacional “15 minutos.com” ubicado en la urbanización Las Mercedes de Caracas de quien es dueño David José Natera Bilancieri, en un nuevo ataque contra la libertad de expresión en el Venezuela.
La orden de allanamiento fue librada por la juez Carol Padilla, del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Control con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo. El fiscal a cargo es el 74 a nivel nacional con competencia contra la legitimación de capitales, delitos financieros y económicos.
Sin embargo, ante el panorama nacional extendido de ataques en contra de la libertad de expresión y opinión, comunicadores sociales, periodistas y trabajadores de la prensa en general se engrandecen ante la adversidad, cubriendo con gallardía cada rincón de Venezuela.
