Por: Carlos Carrasco / Asovenchile
La situación de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Chile, en el medio del contexto de pandemia por Covid-19 está caracterizada por un aumento en la precariedad de la calidad de vida por desempleo, un acceso limitado a los beneficios sociales y retrasos administrativos en los procesos de regulación o renovación de visas.
Según el Instituto de Estadísticas de Chile, se estima una población de 455.494 mil venezolanos residentes en Chile. Más de la mitad de esta población se concentra en la Región Metropolitana de Santiago con 288.096 personas. Esta región ha sido la más afectada por la pandemia, ya que es la zona más densamente poblada del país.
Durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, la región se mantuvo con cuarentenas municipales, restricciones vehiculares y toques de queda. Esto afecto profundamente el empleo en general. Según la Pontificia Universidad Católica de Chile, la tasa de desempleo de los migrantes subió 14, 8%, esto en cifras más exactas, representa más de 100 mil personas migrantes que perdieron sus empleos. Sin embargo, la población migrante venezolana fue la que menos empleos perdió, en comparación a otras comunidades migrantes.
De igual manera, las políticas sociales para atender a la población, en el marco se la pandemia, se han centrado en entregas de cajas de alimentos y transferencias de bonos especiales. Sin embargo, para acceder a este tipo de beneficios, resulta necesario estar registrado previamente en los sitios web del gobierno. En este punto, aquellas personas migrantes que todavía no poseen un documento de identidad chileno (RUT), no pueden realizar este tipo de registro y no pueden acceder a los beneficios. Si bien, no se trata de un grupo mayoritario, en el caso de la comunidad venezolana, no dejar de ser importante.
Ante estas brechas, en el acceso a beneficios, causadas principalmente por retrasos administrativos del Departamento de Extranjería y Migración, que no proporcionan la documentación a tiempo, la medida que ha tenido mayor impacto, en la comunidad venezolana en Chile, durante las últimas semanas, se trató del retiro de 10% de los fondos previsionales. De esta manera, un número significativo de personas accedió a una cantidad de dinero, para atender las situaciones más apremiantes.
No obstante, esta medida hacia la comunidad migrante, no se logró de manera voluntaria. Desde la Asociación Venezolana en Chile, se inició un proceso de incidencia con las instituciones públicas, para que la comunidad migrante fuera incluida en la medida, ya que en un principio hubo cierta resistencia a la inclusión de las personas migrantes, especialmente aquellas con documentación vencida. Todo esto, a pesar de que existe un decreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que extiende la vigencia por un año de todas las cédulas vencidas en 2020 hasta 2021 y una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 de todas las cédulas vencidas en el año 2019.
Sobre las medidas de repatriación, en el caso de la comunidad venezolana, no hay una respuesta por parte del Estado venezolano a las solicitudes de repatriación de más de 600 personas, que solicitan regresar a Venezuela. El Gobierno chileno ha ofrecido en reiteradas ocasiones, la posibilidad de un vuelo humanitario para estas personas. Pero, no ha recibido respuesta por parte del Estado venezolano, a través de la Embajada de Venezuela en Chile o la Cancillería.
Para los próximos meses, los retos más importantes de la comunidad venezolana en Chile, se centrará en la recuperación económica y la posibilidad de volver a enviar remesas a Venezuela. La situación de las personas solicitantes de refugios es particularmente delicada, ya que no cuentan con un sistema de protección adecuado. También, se espera que, en los próximos meses, se apruebe una nueva Ley de Extranjería, que puede vulnerar y afectar los derechos de las personas migrantes.
