Hoy el mundo ve atónito un éxodo masivo de venezolanos producto de lo que algunos organismos internacionales denominan “una crisis humanitaria compleja en Venezuela”. Como corolario son reiterativas las preguntas: ¿Cómo? ¿Por qué? si no existe un conflicto bélico entre países o un enfrentamiento interno de dos bandos; es un Estado que adopta la normativa internacional de DDHH; además ostenta un texto constitucional magno; contiendas electorales recurrentes; con una economía basada en el oro negro; y regalías a algunos países de la región. Cabe preguntarse si estos criterios son los acertados o al menos los únicos para considerar a un Estado como modelo en el respeto, goce y disfrute de los DDHH.
Para ello hay que partir de las bases, donde la libertad y la democracia son la columna vertebral que da sostén. Así pues, más allá de definir estos conceptos y sacar conclusiones dignas de analistas con pericia en el campo, basta nuestra consustancial dignidad humana para colegir una impugnable afrenta y recular de los Derechos Humanos. Entonces ¿Podremos hablar de libertad donde el Estado participa y regula la más mínima actividad de los ciudadanos? Donde el abuso de poder llega a tal punto de represivizar el control social punitivo. Difícilmente merezcamos pensar en libertad de expresión, con carteles de advertencia en oficinas públicas y parques intitulados “aquí no se habla mal de (…)”.Por tanto, la autocensura es costumbre y la autonomía individual escasea. En tal sentido, la separación de poderes es ensueño, toda vez que el poder judicial hace sus veces de legislador y pondera derechos declarando el libre tránsito con preeminencia sobre el derecho a la protesta pacífica. El único proceso progresivo ha sido el desmantelamiento de las instituciones en que la impunidad y el silencio rigen y la denuncia parece ser un acto de rebeldía.
En efecto, el principio de legalidad y reserva legal aniquilados al igual que los espacios cívicos para disentir, con partidos políticos deslastrados, persecución y torturas a la orden del día. Ahora bien, se debe resaltar, que existe aquiescencia del Estado para proteger a los individuos pero dirigida a los grupos armados irregulares que muestren lealtad al régimen. Es la democracia donde los pobres reciben miserias de las grandes arcas del Estado, mientras la corrupción se configuró en una gangrena de la administración pública. Sería fructuoso preguntarse, hablando de democracia, si denominarse como mayoría otorga legitimación para ignorar el coto vedado de los Derechos Humanos.
Vale analizar también, si participación protagónica es la realización de actos conmemorativos donde figuren los pueblos indígenas, pero no las consultas sobre la desforestación, contaminación de sus aguas y control de sus tierras. Por consiguiente, se vende una falsa democracia republicana y lo que realmente se impone es lo que conceptualiza Zaffaroni como una “democracia plebiscitaria”. Por tanto, parece una quimera la progresividad de los derechos cuando lo empleado es opresión disfrazada con los baluartes alegóricos del poder “paz y seguridad ciudadana”.
