A las personas que no conocen la realidad de Venezuela les resulta difícil concebir que los derechos más mínimos no existan. En Venezuela se ha retrocedido décadas, si consideramos algunos factores como el tipo actual de transporte público, que consiste en camiones utilizados para trasladar animales y que en algunos casos han terminado en accidentes fatales debido a averías del propio vehículo y al gran número de personas que llevan, muy por encima de su capacidad; la ausencia de servicios tan básicos como la electricidad, el gas doméstico y el agua en algunos sectores, ello sin pensar en la falta de internet en zonas rurales y urbanas, o en la muy baja velocidad donde existe este servicio. En lo que respecta a la justicia, es el Ejecutivo Nacional o Regional, dependiendo del caso, el que decide el encarcelamiento o no de un adversario político, entre otras irregularidades.
El Rule of Law Index, creado por World Justice Project (WJP), es un índice que mide el Estado de Derecho, es decir, el correcto funcionamiento de las instituciones de 113 países alrededor del mundo, recabando información sobre: límites de los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Existe con la intención de determinar debilidades y fortalezas sobre las cuales los Estados deben trabajar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Nos encontramos con la sorpresa –o tal vez no tanto– de que entre los 113 países estudiados, Venezuela se encuentra en el puesto 113.
La falta de derechos fundamentales y, por ende, la terrible calidad de vida, nos contestaría la pregunta de: ¿por qué hay, según cifras de Consultores 21, más de 4 millones de venezolanos viviendo en el extranjero? Cuando Venezuela tradicionalmente no ha sido un país de emigrantes sino por el contrario: había recibido inmigrantes de países en crisis o en guerra hasta los años 2000.
Ahora bien, vamos a contextualizar cada una de las variables del índice.
Límites al Poder Gubernamental. Venezuela no cuenta con poderes independientes que puedan controlar al Poder Ejecutivo. Desde el año 2005, el ex presidente Hugo Chávez a través de la Asamblea Nacional con mayoría oficialista seleccionó militantes de su partido político, el PSUV, para designarlos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y desde que asumió el poder, Maduro ha seguido la misma línea.
A la Asamblea Nacional de mayoría opositora, elegida el 6 de diciembre del 2015, le fueron despojadas sus competencias a través de la sentencia Nº 155 del Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz fue destituida por órdenes del propio Maduro, mientras que la Asamblea Nacional Constituyente – Asamblea elegida por los partidarios de Maduro para hacerle contrapeso a la Asamblea Nacional venezolana y cuya elección no ha sido reconocida por los países democráticos – designó al antiguo Defensor del Pueblo y aliado de Maduro Tarek William Saab como Fiscal General en sustitución de Díaz. Finalmente, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados, como establece la Constitución y la Ley, por la Asamblea Nacional debieron constituirse en el exilio, debido a que tienen orden de captura, e incluso estando en el exilio sus propias viviendas y oficinas, así como la de algunos familiares han sido allanadas.
Ausencia de Corrupción. La ONG Transparencia Venezuela ha destacado que la corrupción en Venezuela se alimenta de la impunidad, del monopolio de divisas, del control de precios, del manejo discrecional de los recursos públicos y del desmantelamiento del sistema de producción. Esta ONG ha registrado más de 200 casos de posible corrupción, que han permanecido sin castigo por el dominio que tiene la dictadura de la mayoría de los organismos que deberían hacer contrapeso institucional.
Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de las famosas cajas CLAP – Comité Local de Abastecimiento y Producción–, un programa de gobierno que importa alimentos del extranjero para venderlos a los ciudadanos a precios extremadamente subsidiados. El diario El País reseñó que una empresa fantasma en España llamada MIR Importació i Exportació SL, que es controlada por un ex funcionario venezolano, ha logrado contratos para vender alimentos básicos al régimen de Nicolás Maduro de hasta 2 millones de cajas CLAP por 69,8 millones de dólares mediante contratos dudosos.
En cuando a Gobierno Abierto, Venezuela se encuentra en el segundo peor lugar en América, según el Observatorio Electoral Venezolano. La presencia de datos públicos en la web es bastante limitada y los pocos datos disponibles están desactualizados o no cumplen con las normativas de datos abiertos.
Desde el año 2008, el régimen suspendió la difusión de estadísticas vitales: el indicador de inflación, muertes violentas o el costo de la canasta alimentaria, entre otros. Incluso, recientemente, Nicolás Maduro eludió la publicación del Presupuesto Nacional y destituyó a la Ministra de Salud al día siguiente de divulgar un boletín epidemiológico. Por estas fallas en el suministro de estadísticas, a finales del 2017 el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una declaración de censura contra Venezuela y le impidió acceder a recursos de la institución financiera.
Por otra parte, Transparencia Venezuela que realiza anualmente un Índice de Transparencia Municipal, determinó que para el año 2017 hubo un importante retroceso en esta medición. Solo 16 alcaldías de las 150 que fueron evaluadas tienen datos abiertos sin restricciones, entregados en formatos editables
Derechos Fundamentales. La severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos ha impedido que numerosos venezolanos puedan tener acceso a una nutrición y servicios de salud básicos. La dictadura ha negado que exista una crisis por lo que no ha adoptado medidas para mitigar la escasez. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI) en el 2017 encontró que 87% de los hogares venezolanos se encuentran en condición de pobreza y en el 80% ingieren dos o menos comidas al día.
Asimismo la ONG Convite realizó una encuesta en el 2017 en 150 farmacias de cinco grandes ciudades del país y el desabastecimiento de fármacos para tratar problemas comunes de salud fue más de 80%.
Por su parte, la ONG Mujeres en Línea afirmó que la mortalidad materna aumentó un 66% en el 2017. Las mujeres en trabajo de parto deben recorrer hasta cinco establecimientos de salud antes de ser atendidas por la falta de medicamentos y equipos médicos. Muchas deben dar a luz en las sillas o el piso de las salas de espera porque los hospitales públicos no cuentan con camillas suficientes.
Orden y Seguridad. Venezuela cerró el 2017 con 26.616 asesinatos, convirtiéndolo en el segundo país más peligroso del mundo, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). De estos homicidios, 5.335 fueron a manos de la policía u otros cuerpos de seguridad.
El OVV afirma que las causas de este incremento de la violencia es debido al empobrecimiento generalizado en el país, las situaciones de escasez, de desabastecimiento, la carestía de los productos básicos que tiene como consecuencia situaciones de ansiedad, de angustia, confrontación, rabia y/o dolor en las personas.
Cumplimiento Regulatorio. Según la Federación de Agricultores desde el 2005 hasta el 2018 han sido expropiados más de 5,8 millones de hectáreas productivas de las cuales solo 3% han sido indemnizadas.
Desde su expropiación la mayor parte de esos predios dejaron de producir lo que a su vez trajo como consecuencia la crisis alimentaria que vive el país. Un caso emblemático fue la expropiación de la Hacienda Bolívar ubicada en Santa Bárbara del estado Zulia en diciembre del 2010, muy conocida por desarrollar la raza de bovino Santa Gertrudis, el churrasco Santa Bárbara y por la producción de palma aceitera, leche, carne y plátano.
En 2015 el Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE visitó el Sur del Lago de Maracaibo y constató el estado de la Hacienda Bolívar, ahora Hacienda La Bolivariana. Se encontraron con: instalaciones deterioradas, caída de la producción, pugnas entre grupos de invasores, y desaparición del ganado Santa Gertrudis, después de 70 años desarrollándose. “La infraestructura que tenía esa propiedad estaba en el piso”, afirmó un representante de CEDICE.
Igualmente, desde la época de Hugo Chávez, han sido expropiadas empresas que no han cooperado con sus políticas; así por ejemplo en el año 2007 se expropiaron los bienes de Exxon Mobil después de que esta rechazó negociar contratos bajo condiciones desfavorables.
Por su parte, Ecoanalítica estima que el Gobierno nacional adeuda 20 mil millones de dólares por concepto de expropiaciones.
Justicia Civil. En el 2017, la presidencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les exigió a los jueces rectores de los tribunales civiles información sobre las comisiones de los jueces de primera instancia hacia otras circunscripciones judiciales antes de ser emitidas, así como las que reciban los jueces de municipio y ejecutores de medidas, estableciendo un requisito no previsto en la ley, agregando un paso adicional al proceso judicial por medio de un acto de rango sublegal inferior a la ley.
Este oficio también afecta directamente a los ciudadanos, porque sus juicios civiles serán aún más lentos cuando requieran de alguna comisión, lo que viola el artículo 26 de la Constitución. En este sentido, la Constitución establece que para que haya acceso a la justicia se requiere, entre otros, que esta sea rápida y sin formalismos inútiles. No obstante, el requerimiento de la Sala Civil de enviarle la información sobre las comisiones judiciales que se van a expedir retrasará los procesos y es un requisito que no añade nada al juicio, sino un control judicial que viola la independencia del juez.
Justicia Penal. El Foro Penal Venezolano, reconocido por bridar asistencia legal a detenidos por motivos políticos, denuncia que desde el 1º de abril al 31 de julio del 2017 hubo 5.051 personas detenidas, de los cuales 527 civiles fueron presentados ante Tribunales militares. Para estos presos no hay debido proceso y muchos han sido arrestados sobre la base de información proporcionada por anónimos denominados en Venezuela “patriotas cooperantes”.
La dictadura emplea con frecuencia sus servicios de inteligencia para maltratar, detener y procesar penalmente a opositores políticos y críticos.
Igualmente, la dictadura hace uso de los tribunales militares, que tienen competencia exclusiva para conocer los casos de los miembros activos de las Fuerzas Armadas, para perseguir y encarcelar a opositores.
Así, el pasado 2 de junio del 2017 el tribunal militar de control 19º con sede en Barinitas emitió una orden de aprehensión contra 25 civiles en el estado Barinas, acusados de los delitos ataque al centinela, contra la seguridad de las Fuerzas Armadas, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, ultraje a la Fuerza Armada Nacional e Incumplimiento al Régimen Especial de la zona de seguridad por ser presuntos cómplices de un ataque al comando 33 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las cuales, una de esas acusadas, es quien escribe para ustedes desde el exilio, desde la experiencia de cómo funciona el sistema judicial venezolano.
