Mapeando las condiciones de las Personas Defensoras de Derechos Humanos (DDH) venezolanas en el exilio y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) venezolana. Informe de la organización Promedehum, realizado en el marco del proyecto Ruta con el apoyo de Civicus, junio de 2024.
La ubicación geográfica de las y los defensores de derechos humanos (DDH) exiliados
incluyó a los países: Estados Unidos, México, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Uruguay,
España y Portugal.
De las personas defensoras venezolanas en el exilio, el 54,5% solicitó refugio y únicamente al 38,9% se lo han aprobado, 55,6% se encuentra en espera y al 5,6% recibió una respuesta negativa en cuanto a su solicitud. El 71,7% de las OSC venezolanas ha visto emigrar al menos a uno de sus integrantes en los últimos 4 años, de los cuales el 34,2% lo hizo motivado por restricciones en el espacio cívico.
El 51,5% de las y los DDH de Venezuela en el exilio expresó que ellos o algún miembro de
su grupo familiar ha sido objeto de discriminación. La situación más mencionada es la
discriminación laboral, tanto al buscar trabajo como al realizarlo, siendo mayor el número de
mujeres.
En cuanto a las necesidades médicas de las y los defensores de derechos humanos (DDH) de
Venezuela en el exilio, el 60,6% presenta necesidades médicas físicas y el 45,5% tiene
necesidades médicas emocionales.
Resistencia de las OSC en Venezuela
La ubicación geográfica de las OSC venezolanas incluyó los estados: Anzoátegui, Aragua,
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcon, Guárico, Lara, Mérida, Miranda,
Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Vargas y Zulia.
Según el estudio, actualmente el 56,6% de las OSC venezolanas no tienen integrantes de la
comunidad LGBTIQ+ y el 45,3% no tienen jóvenes.
El 71,7% de las OSC venezolanas ha visto emigrar al menos a uno de sus integrantes en los últimos 4 años, de los cuales el 34,2% lo hizo motivado por restricciones en el espacio cívico. En su gran mayoría, el porcentaje restante emigró por motivos relacionados a la emergencia humanitaria compleja y su afectación sobre estos o sus familias.
El 24,5% de las OSC venezolanas no se encuentra debidamente registrada y, de las registradas, el 48,8% enfrentó diversos obstáculos para realizar el registro correspondiente. Esta situación repercute en las ya de por sí escasas opciones de financiamiento de proyectos, las cuales en su mayoría exigen registro o actualización del mismo para optar a la presentación de proyectos, por ejemplo, en embajadas o con organizaciones internacionales.
El 69,8% de las OSC venezolanas considera que la electricidad es el servicio básico que más afecta el desarrollo de su trabajo, y el 62,3% considera que el segundo servicio que más les afecta es el acceso a internet. En cuanto al nivel de afectación por las fallas de electricidad, el 49,1% lo considera “muy alto” y el 24,5% lo considera “alto”. En cuanto al acceso a internet, el 13,2% considera que el nivel de afectación es “muy alto” y el 64,2% lo considera “alto”. Para organizaciones de nivel municipal, regional o comunitario, la movilidad implica costos importantes, por lo que la participación en redes, reuniones o capacitaciones depende de electricidad e internet para desarrollarlas de manera virtual. Obstáculos a esto puede implicar la imposibilidad de trabajo para estas formas de expresión de la sociedad civil.
Libertad de asociación en Venezuela
Para concluir, el 50,9% de los encuestados indicaron estar muy en desacuerdo con la afirmación “En Venezuela es posible ejercer el derecho a la libertad de asociación”, el 43,4% se encuentra “en desacuerdo”, y el 5,7% “ni está de acuerdo ni en desacuerdo”, ninguna de las personas consideró estar de acuerdo con la afirmación.
La estrategia del Estado venezolano de amenazar con leyes restrictivas directas, mientras
aprueba leyes indirectas contra la libertad de asociación, obstaculiza de manera constante
cualquier crecimiento del espacio cívico. Esto reduce los espacios de acción y
fortalecimiento, y promueve la desaparición de pequeñas organizaciones. El Estado, al
criminalizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, busca dificultar la
recolección de datos, el acompañamiento y las denuncias por parte de la sociedad civil ante
violaciones de derechos humanos.
La sociedad civil organizada rema contracorriente frente a una estructura legislativa y judicial
claramente posicionada en un pensamiento único. Este pensamiento busca ocultar denuncias
y promover una narrativa de que la situación en Venezuela ha mejorado, atribuyendo las
carencias únicamente a sanciones o restricciones económicas dictadas por Estados Unidos o
sus aliados.
Los resultados de la investigación reflejan los efectos de un proceso sostenido de ataque
contra la sociedad civil, estigmatizada e identificada como enemiga del Estado y a sueldo de
países extranjeros. El desconocimiento de la validez de la denuncia como forma de
regulación ante excesos del Estado busca permitir la continua persecución y eliminación de
cualquier tipo de disidencia. Esta disidencia representa, en realidad, la esencia de una
democracia participativa y protagónica, aún presente en las leyes vigentes, pero contradicha
por un andamiaje legal diseñado al antojo del gobierno de turno.
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