El pasado viernes, primero de marzo, la Sala de Apelaciones de la CPI dictó su sentencia sobre el recurso de apelación interpuesto por Venezuela, rechazando los seis argumentos de impugnación[1] presentados, y confirmando la decisión que autoriza la reanudación de las investigaciones sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Esta decisión, tomada de forma unánime, rechaza los múltiples intentos del Estado venezolano de detener el proceso de investigación ante la CPI, además marca un hito significativo en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia por parte de las víctimas y/o sus familiares ante los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
¿Cómo llegamos a esta etapa del proceso?
- Desde el año 2018 Venezuela ha estado bajo la consideración de la CPI, luego de que varios Estados Parte, por primera vez en la historia del Tribunal, presentaran una denuncia formal, alegando que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y que la justicia venezolana no ha llevado a cabo procedimientos e investigaciones que conduzcan a la rendición de cuentas de los perpetradores y a la reparación de las víctimas y/o de sus familiares.
- En diciembre de 2021 el Fiscal notificó a todos los Estados Partes su decisión de iniciar una investigación en la Situación en Venezuela.
- En abril de 2022, Venezuela solicitó al Fiscal detener su investigación, bajo el argumento de que el Estado estaba investigando a los ciudadanos en relación con los presuntos actos punibles.
- En noviembre de 2022 el Fiscal solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación respecto a la situación en Venezuela.
- En junio de 2023 la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó al Fiscal a reanudar la investigación.
- En agosto de 2023 Venezuela presentó su apelación contra la decisión de continuar con la investigación.
- El 1 de marzo de 2024 la sala de apelaciones decidió por unanimidad desestimar el recurso de Venezuela y confirmar la decisión de continuar con la investigación.
¿Qué viene ahora?
La decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI es definitiva, esto significa que el Estado venezolano no cuenta con más herramientas para dilatar el proceso, por el contrario, el curso y tiempo de la investigación ahora queda en manos de la Fiscalía y los jueces. La Fiscalía deberá continuar con las investigaciones en curso desde junio de 2023, y cuando ésta reúna pruebas suficientes deberá presentar ante las juezas y los jueces las solicitudes correspondientes para que se emitan órdenes de aprehensión o citaciones para que comparezcan los presuntos responsables de los crímenes de competencia de la CPI. Finalmente, las juezas y los jueces tomarán la decisión respecto a estas solicitudes.
La comunidad internacional debe complementar los esfuerzos de la CPI
Esta decisión representa un avance significativo en la búsqueda de justicia por parte de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sin embargo, esto no significa que el trabajo de la comunidad internacional haya terminado.
El trabajo de la Oficina del Alto Comisionado y de mecanismos de investigación como la Misión de Determinación de los Hechos, y otros mecanismos que se puedan implementar en el futuro, hoy cobran aún más importancia en resaltar la labor de la CPI, pero también desempeñando un papel activo, denunciando y exigiendo el fin de los crímenes atroces que se siguen cometiendo en Venezuela bajo el contexto generalizado de persecución y criminalización.
Es este sentido la CPI y la comunidad internacional deben complementarse desde cada uno de sus espacios, exigiendo la rendición de cuentas de los presuntos responsables – resaltando el principio de complementariedad ante la falta de investigaciones reales por parte del Estado- y reafirmando su compromiso con la justicia, la verdad, la no repetición y el respeto por los derechos humanos de las víctimas y de la población venezolana.
[1](1) Venezuela argumentó que la carga de la prueba fue erróneamente asignada. (2) Sostuvo que se basaron exclusivamente en traducciones en inglés y no se solicitaron traducciones al Fiscal. (3) Alegó errores en la competencia temporal de la CPI. (4) Argumentó que se evaluó incorrectamente si Venezuela estaba llevando a cabo investigaciones activas. (5) Sostuvo que se cometió un error de derecho en la evaluación de la complementariedad, al basarse en factores irrelevantes y al mismo tiempo no tener en cuenta factores relevantes. (6) Afirmó que se excluyeron actuaciones nacionales basadas en retrasos e inactividad.
