Ser defensor o activista de derechos humanos es un desafío constante. Y probablemente esta es la característica que más me atrae de ello, que día a día los defensores y activistas de derechos humanos debemos enfrentarnos a nuevos desafíos y encontrar la forma de sobrellevarlos para alcanzar nuestras metas.

Desde el año 2002 hasta la actualidad, autoridades del Estado han desarrollado una política que criminaliza la defensa y exigencia de derechos humanos. Usando un discurso de odio y desprestigio, a través de los medios de comunicación públicos y oficiales, se pretende desacreditar el trabajo de las organizaciones civiles y personas que defienden derechos humanos, acompañan víctimas y ejercen acciones de carácter humanitario.